jueves, 15 de agosto de 2013

A maestros, evaluación o despido.


A maestros, evaluación o despido; acotarían al máximo al SNTE

El proyecto del gobierno federal para reglamentar la reforma educativa castiga la venta de plazas y limita a los comisionados sindicales

15/08/2013 09:24 Leticia Robles de la Rosa
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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto.- El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre las decisiones del sistema de enseñanza nacional.
Propone que ninguno de los maestros que actualmente ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos.
Quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales.
La iniciativa del gobierno pone fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y “herencia” de plazas.
Regula las cuotas escolares voluntarias, las cuales, reitera, no son obligatorias, pero estarán sujetas a la transparencia.
La tarea es limitar el poder del SNTE
El presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer al Congreso de la Unión el paquete de reformas y nuevas leyes educativas para poner fin al poder del SNTE sobre las decisiones del sistema de enseñanza, porque el ingreso y permanencia de los docentes será responsabilidad única de las autoridades, no del sindicato de maestros. Además, propone terminar con el tema de los comisionados sindicales que cobran sin cumplir su labor docente. “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa, deberán separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”, se indica. De igual forma, busca evitar los paros magisteriales como presión política, sin justificación laboral, pues plantea que sean despedidos los maestros que se ausenten tres días, consecutivos o alternados, a lo largo de un mes, al igual que aquellos  profesores que se nieguen a someterse a la evaluación.
Dan impulso a evitar venta de las plazas
En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece que el sindicato no tendrá la facultad para  interferir en el ingreso y permanencia de los maestros.
El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo su decisión de devolver al Estado la rectoría del sistema educativo nacional y limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir en los procesos de ingreso, permanencia, comisiones, asesorías, ascensos y permisos, que corresponden sólo a las autoridades educativas.
Ayer, el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente el paquete de reformas y nuevas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyo objetivo es romper la inercia laboral en el sector.
La propuesta del mandatario federal incluye castigar e impedir la herencia, compra y venta de plazas de ingreso y promoción, así como los cachirules.
Plantea facultar a los directivos de escuelas a pedir la sustitución de un maestro si no encaja en el perfil, y considera el despedir a los supervisores que no se excusen cuando incurran en conflicto de intereses.
Además, asienta un golpe a la dinámica histórica del SNTE y los gobiernos estatales, pues ordena que todo el personal que cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar a sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para ocupar esas plazas, mediante concurso y evaluación; además, todo los supervisores y directivos que carezcan del perfil o no realicen esas labores deben retornar a la docencia.
Advierte también que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Precisa que ninguno de los maestros con plaza definitiva que actualmente trabaja será afectado en sus derechos; incluso si no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras áreas.
También advierte que el personal con nombramiento provisional tendrá que someterse a las nuevas reglas de evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido.
La iniciativa plantea en varios artículos que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia, no sufrirá efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso (promoción) distinta a lo establecido en este capítulo.
“Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de contraprestaciones en relación con ello, incurrirá en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. La nulidad de pleno derecho a que se requiere este artículo será oportunamente notificada al personal de que se trate por quien realice las funciones de administración de recursos humanos”, precisa.
Faculta además a las escuelas a pedir les retiren un maestro.
“Las autoridades educativas y los organismos descentralizados darán aviso a los directores de las escuelas del perfil de los docentes que pueden ser susceptibles de adscripción. Por su parte, los directores deberán verificar que esos docentes cumplan con el perfil para los puestos que deban ser cubiertos.
“Las autoridades educativas y los organismos descentralizados estarán obligados a revisar la adscripción de los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad del perfil con las necesidades de la escuela, y a efectuar el reemplazo de manera inmediata de acreditarse dicha incompatibilidad.”
Propone poner fin a los llamados cachirules, pues  “quienes participen, autoricen o efectúen algún pago al personal de nuevo ingreso o que ha sido objeto de promoción o reconocimiento tendrán la obligación de verificar en cada caso que dicho personal está en los registros oficiales que deberá emitir y actualizar la autoridad competente.
“De lo contrario, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a la sanción económica equivalente al monto del pago realizado indebidamente y a la separación del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, señala.
Advierte también del despido de supervisores que no se excusen de interés personal, familiar o de negocios “incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, su concubina o concubino, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles”.

Demandan retrasar aprobación
Pedro Hernández Morales, subsecretario de organización de la sección 9 de la CNTE, apeló a la sensibilidad de los partidos representados en el Congreso de la Unión para que se retrase la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.
En entrevista, el dirigente gremial dijo que dichas leyes han sido discutidas de manera insuficiente y además se quedaron fuera de ese debate sectores que debieron haberse incluido, por lo que su aprobación podría causar malestar en diversas entidades, advirtió.
“Debemos retomar una discusión abierta, franca, argumentada y no la imposición de leyes reglamentarias”, recalcó el integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es decir, del magisterio disidente.
Incluso, manifestó que la demanda de la CNTE desde hace varios meses ha sido la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales.
 “Nuestro planteamiento es que en este tema no han sido escuchadas todas las voces.
“Hemos manifestado la necesidad de una transformación profunda de la educación, pero consideramos que esta reforma y sus leyes reglamentarias son parciales y no sólo no van al fondo, sino que limitan y trastocan algunos derechos laborales y de la gratuidad de la educación pública”, sostuvo.

El proyecto incluye evaluar de acuerdo a cada región
Toma en cuenta factores que influyen en el proceso de enseñanza, según el plan de Ley del INEE.
La evaluación se coloca como la columna vertebral del sistema educativo nacional, e incluso las universidades y demás Instituciones de Educación Superior autónomas pueden suscribir convenios para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) les auxilie a examinar a sus profesores, propuso el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.
Se trata de la propuesta del mandatario federal para crear la primera Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ayer la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados y que mantiene la decisión de que la evaluación sea diferenciada conforme a las regiones del país, porque no se puede evaluar por igual a desiguales, según lo planteado.
“La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y permanentes.
“Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográficos, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, se precisa en el documento.
Asimismo, en la propuesta en manos del legislativo se deja en claro que “la evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativo a otro, certificación de egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto de personas o instituciones en lo particular, basadas en los resultados de los procesos de evaluación para el reconocimiento, serán competencia de las Autoridades Educativas conforme a sus atribuciones”.
El documento también aclara que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa es “un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución”.
Tiene el objetivo, agrega, de garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
Proponen que las cuotas no caigan en la opacidad.
No se podrá condicionar la inscripción al pago de contraprestaciones, se señala en la iniciativa.
Las cuotas voluntarias que reciben las organizaciones de padres de familia serán reguladas en su destino y aplicación, además de que se someterán a transparencia y vigilancia, establece la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Ley General de Educación.
El mandatario federal retiró de su propuesta la intención de la Secretaría de Educación Pública para aplicar sanciones económicas a los gobiernos estatales que permitieran paros de labores. En la versión definitiva esta parte fue nulificada.
La iniciativa, que forma parte del paquete de tres instrumentos legales derivados de la reforma constitucional en materia de educación, refrenda que “en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestaciones”.
Ayer, Peña Nieto presentó a la Comisión Permanente este paquete de iniciativas que fue turnado a la Cámara de Diputados, y lleva a la Ley General de Educación los principios que establecen las nuevas leyes del  INEE y del Servicio Profesional Docente.
También marca los nuevos parámetros de la educación, atiende el tema de la gestión escolar e instruye la creación del Consejo Nacional de Participación Social.
Precisa que la gestión escolar tendrá como objetivos “mejorar la infraestructura, compra de materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director.
Añade que el Sistema de Información y Gestión Educativa estará integrado, entre otros, “por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y de-
sempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

El PRD advierte falta de consenso
Exigió que sólo el tema del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entrara al periodo extraordinario.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió incluir el paquete de reformas y nuevas leyes en materia educativa enviado por el presidente Enrique Peña Nieto en el periodo extraordinario de sesiones que se abre la próxima semana, a pesar de que llegó apenas ayer y, por lo tanto, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no lo ha discutido para tener un dictamen.
De inmediato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su inconformidad e instó a la prudencia parlamentaria, porque advirtió que ni la Ley General del Servicio Profesional Docente ni los cambios a la Ley General de Educación tienen los consensos de los diputados y senadores, por lo que pidió que sólo se incluya la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero el voto mayoritario del PRI, PAN y PVEM mantuvieron el paquete completo en el orden del día.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que “habrá un debate alrededor de estas tres leyes, en donde se ha construido un amplio consenso, pero no unanimidad, como es natural, por lo que estamos dispuestos a dialogar, conversar, debatir sobre ellas”.
“Pensamos que tienen un alto grado de consenso, porque surgen también del Pacto por México, en donde se ha negociado con las principales fuerzas políticas la interpretación del espíritu de la reforma al artículo Tercero Constitucional”, dijo.
Pero Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD, junto con el coordinador de ese partido en San Lázaro, Silvano Aureoles, y el líder de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa, advirtieron del riesgo de insistir en imponer la discusión de esas dos leyes sin contar con el respaldo de las fuerzas políticas de izquierda.
“Se sigue queriendo resolver problemas de carácter laboral que tienen que ver con el Reglamento General de Condiciones de Trabajo o con la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley del Servicio Profesional Docente, y eso no lo vamos a aceptar, porque no es lo correcto, porque no es lo que le sirve a la educación”, advirtió Alonso Raya.
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